ASISTENCIA DETENCIONES

¿En qué legislación encontramos regulada la detención de personas?
La Constitución garantiza en el artículo 17 el derecho a la libertad individual de los ciudadanos, fija los supuestos en los que se autoriza la detención de una persona y qué requisitos deben cumplirse. Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge cómo debe producirse la detención y cuáles son los derechos de la persona detenida.

¿Por qué motivos pueden detenerte?
De acuerdo con los artículos 490 y 491 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
• Quien intente cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
• El delincuente en flagrante delito.
• Quien huya del establecimiento penal en el que se encuentre extinguiendo condena.
• Quien huya de la cárcel en la que esté esperando la traslación al establecimiento penal o al lugar donde deba cumplir la condena que se le haya impuesto mediante sentencia firme o quien huya al ser conducido al establecimiento o el sitio mencionados.
• Quien huya estando detenido o preso por causa pendiente.
• La persona procesada o condenada que esté en rebeldía.

De acuerdo con el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la autoridad o el agente de la policía judicial tiene la obligación de detener:
• Cualquier persona que se encuentre en alguno de los casos previstos en el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Quien esté procesado por un delito que tenga señalada en el Código Penal una pena superior a la de prisión correccional.
• Quien esté procesado por un delito que tenga señalada una pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hacen presumir que no comparecerá cuando le llame la autoridad judicial. Se exceptúa a la persona procesada que preste en el acto una fianza suficiente, a juicio de la autoridad o el agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el juez o el tribunal competente.
• Quien se encuentre en el caso previsto en el punto anterior, aunque todavía no se encuentre procesado, a condición de que concurran las dos circunstancias siguientes: o Que la autoridad o el agente tenga motivos racionalmente suficientes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. o Que tenga también suficientes para creer que la persona que intente detener participó.

¿Cuáles son los derechos de las personas detenidas?
La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique a la persona detenida en su persona, reputación y patrimonio, y no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
En cualquier caso, en el plazo máximo de 72 horas (excepto en casos de terrorismo, en que el plazo puede ampliarse a 5 días), la persona detenida deberá ser puesta en libertad oa disposición de la autoridad judicial. Todas las personas detenidas deben ser informadas por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprendan y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen y las razones que motivan su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten, que son los siguientes:
• Derecho a no declarar contra sí mismo/a, a no confesarse culpable, a callar, a no declarar, a no responder a alguna/s de las preguntas que se le formulen oa decir que sólo declarará ante el juez.
• Derecho a designar un/a abogado/a para que le asista. Si por motivo de lejanía geográfica no fuera posible la asistencia inmediata de la persona letrada, tendrá derecho a comunicarse con ésta telefónicamente o por videoconferencia, salvo que tal comunicación sea imposible. Si no designa un/a abogado/a, se le designará un/a de oficio.
• Derecho a hablar reservadamente con el abogado/a, incluso antes de su declaración ante la policía, ya que la persona letrada intervenga en las diligencias de declaración, de reconocimiento de que sea objeto y de reconstrucción de los hechos en los que participe.
• Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención.
• Derecho a avisar a quien diga, de su detención y del lugar donde está detenido/a.
• Derecho a llamar a la persona que desee en presencia de un agente.
• Si es extranjero/a, tiene derecho a que se comunique su detención y el lugar de custodia en el consulado de su país. Además, tiene derecho a que le visiten las autoridades consulares ya comunicar y mantener correspondencia con éstas.
• Derecho a la asistencia gratuita de un/a intérprete en caso de que no entienda o hable el catalán ni el castellano, o en caso de que sea una persona sorda, con discapacidad auditiva, con dificultades del lenguaje, o con otra discapacidad que afecte a las facultades de comprensión o expresión oral.
• Derecho que lo reconozca el médico forense o el médico que le sustituya legalmente o, si esto no fuera posible, otro médico que trabaje para la Administración pública. • Derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita si acredita insuficiencia de recursos económicos para litigar en los términos previstos en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita. Esta solicitud debe presentarla ante el colegio de abogados correspondiente.
• Derecho a instar el procedimiento de habeas corpus si considera que su detención es ilegal. Si la persona detenida tiene la condición de persona con la capacidad judicialmente modificada, se avisará a quien ejerce la patria potestad, tutela o guarda de hecho, a quien debe comunicarse también los anteriores derechos, y es debe comunicar al Ministerio Fiscal.

¿Qué es el procedimiento de habeas corpus?
Es el procedimiento que la Ley orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, prevé a fin de obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente.
Se consideran personas ilegalmente detenidas:
• Las que lo sean por una autoridad, agente de la autoridad, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin que se hayan cumplido las formalidades previstas y los requisitos exigidos por las leyes.
• Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
• Las que lo estén por plazo superior al señalado en las leyes si, transcurrido dicho plazo, no son puestas en libertad o entregadas al juez más cercano al lugar de la detención.
• Las privadas de libertad a las que no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a cualquier persona detenida.

Es competente para conocer de la solicitud de habeas corpus el juez de instrucción del lugar donde se encuentre la persona privada de libertad; en su defecto, el del lugar en que se produzca la detención, y, a falta de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. El procedimiento de habeas corpus puede ser solicitado en cualquier momento del proceso de la detención por la propia persona detenida, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos, los representantes legales de los menores y personas incapacitadas , el ministerio fiscal y el defensor del pueblo, así como el juez competente.

¿Cómo finaliza la detención?
Una vez finalizadas las investigaciones, la policía dejará a la persona detenida en una de las siguientes situaciones:
• La llevará a declarar ante el juez competente en funciones de guardia o juez que conozca del procedimiento que ha motivado la detención.
• Dejará la detención sin efecto y pondrá a la persona detenida en libertad.